Tokenización e infraestructura: acceso a capital con certeza jurídica

Desde la Corporación Interamericana para el Financiamiento de Infraestructura (CIFI), como institución dedicada al financiamiento de infraestructura en América Latina y el Caribe, seguimos analizando las tendencias que están transformando los mercados de capitales y la forma en que los inversionistas acceden a activos de largo plazo.

En una charla interna reciente con Lya Glaentzlin, abogada experta en blockchain, Web3 e Inteligencia Artificial, y actualmente Socia Directora en la firma colombiana CLA Consultores, conversamos sobre la tokenización de activos reales y su posible aplicación a infraestructura. Esa conversación reforzó una reflexión institucional relevante: la innovación tecnológica puede agregar valor cuando se integra con certeza jurídica, disciplina regulatoria y estructuras capaces de generar confianza.

La tokenización se perfila como una herramienta de modernización financiera. Permite representar derechos económicos, financieros o patrimoniales vinculados a activos, proyectos o vehículos de inversión mediante tokens registrados en infraestructuras tecnológicas seguras, programables y trazables. Su mayor aporte está en complementar los mecanismos existentes de financiación, distribución y administración de instrumentos.

Capital de largo plazo y nuevos canales

América Latina y el Caribe mantienen una necesidad persistente de inversión en transporte, energía, agua, telecomunicaciones y logística. Estos sectores requieren capital paciente, capacidad técnica y una arquitectura jurídica que permita asignar riesgos de manera clara entre sponsors, financiadores, inversionistas y autoridades.

La banca tradicional y los mercados de capitales han sido fundamentales para movilizar recursos hacia infraestructura. La tokenización puede sumar una capa adicional de acceso, trazabilidad y distribución, facilitando la participación de inversionistas institucionales y profesionales bajo criterios de elegibilidad, cumplimiento y protección al inversionista.

Ese potencial resulta especialmente relevante para instituciones financieras especializadas como CIFI, que pueden encontrar en estas herramientas nuevas vías para atraer capital, estructurar vehículos de inversión y canalizar recursos hacia proyectos concretos. También puede abrir alternativas para financiar infraestructura directamente mediante fideicomisos, sociedades de propósito especial, fondos u otras estructuras diseñadas para activos de largo plazo.

Arquitectura jurídica y eficiencia operativa

En la práctica regional, la tokenización de activos reales suele descansar sobre vehículos jurídicos que contienen, financian o administran el activo subyacente. Los tokens pueden representar participaciones, derechos económicos, instrumentos de deuda, ingresos o flujos contractuales, según el diseño legal y regulatorio correspondiente.

La tecnología aporta eficiencia, trazabilidad y programabilidad. La estructura legal aporta gobernanza, exigibilidad, reglas de transferencia, protección al inversionista, cumplimiento regulatorio y claridad sobre el activo subyacente. El valor surge de la combinación correcta de ambos elementos.

Bien diseñada, esta arquitectura puede mejorar la administración del ciclo de vida de los instrumentos: pagos, intereses, dividendos, covenants, reportes, conciliaciones, transferencias secundarias y seguimiento de condiciones contractuales. Para activos con horizontes de largo plazo y flujos relativamente predecibles, esas capacidades pueden reducir fricciones operativas y fortalecer la experiencia de inversionistas y emisores.

Regulación y seguridad jurídica

La escalabilidad institucional de la tokenización dependerá de su interacción con marcos regulatorios sólidos. Para proyectos de infraestructura, las estructuras más prometedoras serán aquellas capaces de operar dentro del perímetro regulado, con reglas comprensibles para inversionistas, fiduciarios, custodios, auditores, reguladores y tribunales.

En América Latina, El Salvador ofrece uno de los ejemplos más visibles de desarrollo normativo específico. Su Ley de Emisión de Activos Digitales creó un marco para ofertas públicas de activos digitales y para la actuación de emisores, proveedores de servicios y otros participantes del mercado. Este tipo de avances muestra una transición regional desde discusiones generales sobre criptoactivos hacia regímenes diseñados para emisión, supervisión, transparencia e integridad de mercado.

Cada jurisdicción deberá adaptar ese camino a su realidad institucional, su mercado de valores, su régimen de fideicomisos, su normativa de prevención de lavado de dinero y su capacidad supervisora. Para infraestructura, la clave estará en coordinar el mundo digital con registros, contratos, garantías, permisos, derechos tradicionales y mecanismos de ejecución efectivos.

Una agenda para la región

La infraestructura reúne condiciones atractivas para modelos de tokenización bien estructurados: activos de largo plazo, flujos contractuales identificables, necesidades significativas de capital y creciente interés de inversionistas globales por exposiciones reales y sostenibles. A la vez, exige rigor por sus múltiples capas contractuales, riesgos regulatorios locales, activos físicos, concesiones, permisos, garantías, seguros y relaciones con entidades públicas.

Por eso, el rol del abogado y de los equipos de estructuración resulta esencial. La innovación requiere arquitectura legal, gobierno corporativo, documentación robusta y capacidad de ejecución. Una estructura tokenizada será tan confiable como la claridad de los derechos que representa y la calidad de las instituciones que la supervisan y administran.

La conversación relevante para el mercado regional es cómo utilizar estas herramientas para ampliar el acceso al capital, mejorar eficiencias y reforzar la seguridad jurídica. La tokenización viene a complementar, con disciplina jurídica y regulatoria, los mecanismos de financiación de la banca tradicional y de los mercados de capitales, aportando una vía eficiente y sofisticada para atraer capital hacia entidades financieras especializadas y hacia vehículos que financien directamente proyectos de infraestructura.

Para que ese potencial se materialice, actores del mercado, legisladores y reguladores deben avanzar en marcos legales claros, modernos y supervisables que permitan desarrollar estructuras responsables dentro del sistema financiero. En CIFI vemos esta evolución con apertura: una oportunidad para innovar con responsabilidad, fortalecer la confianza del mercado y movilizar capital de largo plazo hacia los proyectos que América Latina y el Caribe necesitan.