En medio de la proliferación de financiamientos sostenibles en América Latina, LACCA conversó con el equipo legal de la Corporación Interamericana para el Financiamiento de Infraestructura (CIFI), con sede en Panamá, sobre los desafíos y el trabajo jurídico detrás de la reciente estructuración de un fondo de deuda de infraestructura sostenible por USD 300 millones.
CIFI estructuró el fondo en julio, un ejemplo más de cómo los prestamistas latinoamericanos buscan avanzar sus objetivos ASG a través de sus carteras de inversión.
“Esta experiencia nos demostró que existe un gran apetito entre los inversionistas institucionales de la región por participar en este tipo de estructuras de inversión, donde pueden invertir de manera segura y diversificar su cartera”, señala Martha Pastor, abogada corporativa sénior en CIFI.
Como parte de la estructuración, CIFI recaudó una inversión inicial de USD 138 millones mediante aportes de capital del banco de desarrollo noruego Norfund, el banco panameño Prival y el inversionista neerlandés Triodos Groenfunds, entre otros fondos.
Además de ese capital, el nuevo fondo obtuvo una línea de deuda a largo plazo de USD 75 millones otorgada por varios bancos europeos de desarrollo, incluidos DEG (Alemania), Finnfund, OeEB (Austria) y Proparco (Francia).
Una perspectiva sostenible
CIFI utilizará el vehículo de deuda de infraestructura sostenible para financiar proyectos en los sectores de energía renovable, turismo sostenible, salud, educación, logística y telecomunicaciones en América Latina.
“El fondo invertirá en proyectos alineados con el Acuerdo de París y los Objetivos de desarrollo sostenible de las Naciones Unidas, canalizando recursos y los más altos estándares de sostenibilidad hacia el segmento medio del mercado de infraestructura en la región, generando así un impacto social y ambiental positivo en América Latina”, aclara Pastor.
Definir los parámetros del fondo —su propósito y su propuesta de valor— fue un paso inicial clave para CIFI. Durante los últimos 15 años, la entidad con sede en Ciudad de Panamá se ha dedicado principalmente a financiar proyectos sostenibles, especialmente en el dinámico sector de energías renovables de la región. De hecho, CIFI ha desembolsado más de USD 1.8 mil millones en más de 200 proyectos en América Latina.
“Hace cinco años, CIFI tomó la decisión estratégica de convertirse en administrador de activos para movilizar aún más recursos”, explica Javier Escorriola, socio director de la división de gestión de activos de CIFI. El nuevo fondo de deuda de infraestructura sostenible es fundamental para ese objetivo estratégico, explica Escorriola, ya que permite que CIFI se convierta en “el puente entre el inversionista institucional y los proyectos reales en la región”.
La conformación del equipo adecuado
La estructuración del fondo no estuvo exenta de desafíos. La naturaleza multijurisdiccional de la operación —que abarcó cinco países— generó obstáculos significativos para el departamento legal de CIFI.
Pastor explica que los distintos marcos regulatorios locales complicaron las estructuras de inversión de capital. “En algunos casos, los inversionistas no pudieron participar debido a restricciones regulatorias”, señala. Mientras que, en otras jurisdicciones, “fue necesario crear estructuras jurídicas sofisticadas y a la medida para permitir la participación de los inversionistas”, sostiene Pastor.
Para cubrir esas necesidades, CIFI requirió asesoramiento externo con la experiencia y el conocimiento jurídico necesarios para superar dichos desafíos.
“Pudimos contratar a las firmas que mejor se adaptaban a nuestras necesidades de manera rentable y que contaban con la experiencia requerida para este tipo de transacción, como estructuración de fondos, asuntos corporativos, de inversión y regulatorios”, explica José Salaverria, director jurídico de CIFI.
Las firmas Hunton Andrews Kurth LLP (Estados Unidos), Stikeman Elliott LLP (Canadá), Alta Batalla (San José), Arias, Fábrega & Fábrega (Panamá) y Carey Olsen (jurisdicción offshore) asesoraron a CIFI en la estructuración del fondo y en las inversiones de capital.
CIFI requirió asesoramiento legal en varias jurisdicciones para llevar a cabo la operación. “El fondo se incorporó en Ontario, Canadá, mientras que el socio general de CIFI es un grupo de las Islas Caimán. Además, algunas de las subsidiarias panameñas de CIFI también estuvieron involucradas, y es ahí donde participa ARIFA”, indica Salaverria.
Optar por asesoramiento externo con experiencia específica en estructuración de fondos fue crucial para el equipo legal interno de CIFI. “CIFI ha trabajado con Alta durante muchos años y se ha beneficiado ampliamente de su experiencia en estructuras relacionadas con fondos en América Latina dirigidos a inversionistas regionales e internacionales”, añade Salaverria.
Con el apoyo del equipo jurídico de las cinco firmas y la experiencia del equipo legal interno, CIFI logró superar los retos regulatorios y lanzar exitosamente el fondo.
“Desde la perspectiva del equipo jurídico, consideramos que este es un caso de éxito”, concluye Salaverria.